Escala en París

El próximo 7 de noviembre, Colombia se somete al Examen Periódico Universal (EPU) para evaluar si se han aplicado o no las recomendaciones en materia de Derechos Humanos formuladas en el control anterior de 2018 por la ONU. El balance es bastante sombrío, según el análisis de la abogada de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, Camila Zuluaga. 

"Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los Derechos Humanos; la falta de investigación, da lugar a que las cifras altas en materia de impunidad de estos crímenes continúen, las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz (2016), como es la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que están dirigidas a investigar estos crímenes, no están operando con la rapidez y la eficacia que se espera', se lamenta Camila Zuluaga, quien se ha reunido en Francia con personalidades del gobierno del presidente Macron y de la Asamblea y el Senado para dar cuenta de la evaluación de estos cinco años sobre el Examen Periódico Universal. 

El examen es un mecanismo que la ONU usa para que entre los Estados miembros de Naciones Unidas se revise la situación de derechos humanos de un país. Este examen se hace cada cinco años y en él se hace un balance de lo que el país en cuestión ha cumplido o no. 

Según las cifras recogidas para examinar a Colombia, entre 2018 y marzo de 2023, 716 defensores de DDHH han sido asesinados, 216 agredidos. La mayoría de estas agresiones y de estos asesinatos, el 95%, quedan impunes. Y es que, a pesar de los Acuerdos de Paz, sigue habiendo grupos armados en Colombia, disidencias de las FARC, guerrillas activas y un abanico de grupos criminales ligados al narcotráfico.

Las fallas de la Unidad Nacional de Protección 

Es más, según Zuluaga, los encargados de proteger a los defensores de DDHH se convierten en sus agresores. No es un fenómeno mayoritario pero existe. "Hay funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que en algunos casos persiguen y hostigan a los defensores", denuncia la jurista quien afirma que la estructura tiene muchas otras fallas. 

"Se otorgan medidas de protección que no corresponden a las necesidades de la población. Por ejemplo, se entregan chalecos antibalas o carros blindados o un escolta y no atienden, por ejemplo, a medidas diferenciadas de género en caso de mujeres defensoras, en caso de territorios, digamos que sean mucho más rurales, medidas que no sean únicamente físicas", añade.

3.000 asesinatos de mujeres entre 2018 y 2022

Otras cifras van en aumento, según las que recoge el Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Médico Legales de Colombia. 30.436 mujeres, fueron víctimas de violencia machista en 2021, casi 4000 más que el año anterior.

"El confinamiento y la pandemia por el COVID 19 hizo que las mujeres permanecieran las 24 horas con su con sus agresores. Y la respuesta misma de las instituciones ante las denuncias ha sido insuficiente. Entre 2018 y 2022 registramos más de 3.000 feminicidios en Colombia. Esto muestra lo alarmante de la situación en esta materia", explica Camila Zuluaga. 

Más de 7.000 sentencias para restituir 183.000 ha de tierras

"La reforma rural integral como la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2021 ha estado en un periodo más bien prolongado con pocos resultados. Nosotros hemos documentado más de 7000 sentencias que han restituido cerca de 183.000 hectáreas. Sin embargo, la cifra global de las hectáreas despojadas en Colombia son de 6 millones, es decir, el porcentaje de restitución es muy bajo", lamenta la jurista. 

Para Zuluaga hay muchas barreras que impiden a las víctimas satisfacer su derecho a la reparación de forma rápida, se trata de barreras tanto administrativas, judiciales como de recursos. "Hay una congestión judicial que hace también que sentencias de reparación como son de restitución de tierras se demore", explica en Escala en París. 

En el marco del Proceso de Paz, el informe destaca que la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, ha abierto diez macro casos, pero en ellos no se están juzgando a los máximos responsables, según la evaluación. 

"Se aproximan las nuevas sentencias o las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y los mayores responsables, los principales responsables de los graves crímenes cometidos a la población civil no están siendo procesados", afirma con preocupación la jurista. 

Siguen los reclutamientos de menores 

Las violaciones a los Derechos Humanos también se cometen entre los más pequeños. El informe documenta 290 violaciones a los derechos de niños y niñas en el marco del conflicto armado. "130 niños y niñas han sido reclutados de manera forzosa. También hemos documentado cerca de 23 casos de secuestro y de otras formas de violencia sexual", precisa Camila Zuluaga.

Los agresores no sólo son los grupos armados, la jurista apunta a la responsabilidad de la Fuerza Pública. "De 2018 a 2022 se han cometido actos en contra de población donde se encuentran niños, bombardeos a campamentos o bombardeos a comunidades donde permanecen o habitan en niños. Entonces ellos tampoco han sido ajenos a la situación de conflicto en el país", agrega.

Camila Zuluaga le da a Colombia un tres de nota en una escala de diez en materia de Derechos Humanos y se muestra dubitativa sobre la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

"Apreciamos estas iniciativas de conversación y de negociación y sometimiento a la justicia, pero nos quedan varias dudas de cómo se va a implementar. No hay voluntad ni recursos para implementar el Acuerdo de Paz del 2016 firmado con las FARC. ¿Qué va a pasar con los mecanismos de justicia transicional que hay en este momento? ¿Cómo va a operar estas nuevas negociaciones para que se trabaje en paralelo con este sistema de justicia?", se pregunta la experta. 

Camila Zuluaga es, además, vocera de las plataformas de Derechos Humanos colombianas (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo) que junto con más de 500 organizaciones han presentado el informe en el marco del EPU con el apoyo de la red Francia Colombia Solidaridades, miembro de Vamos por la paz y de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción: Colombia.

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Coordinación editorial: Florencia Valdés 

Realización: Yann Bourdelas, David Brokway